El proceso de capitalización de las empresas públicas fue una iniciativa que, sin ninguna duda, estaba justificado desde el punto de vista gerencial, pues se suponía que el Estado se quitaba de las espaldas una pesada carga de subsidios a unidades “productivas” cuya permanencia solo se justificaba en el interés de disponer donde acoger una empleomanía inútil.
En lo concerniente al sector eléctrico, de una gigantesca Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) surgieron ocho empresas y tres entidades, es decir, once espacios para albergar una plantilla de personal casi siempre superior al que existía antes de la capitalización.
De estas han desaparecido la matriz CDEEE y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (Uers), pero se mantienen las tres EDE, las generadoras Haina e Itabo, la hidroeléctrica Egehid, la de transmisión ETED, y las reguladoras Superintendencia de Electricidad y Comisión Nacional de Energía.
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), también surgido de ese proceso, es el tenedor de los intereses del Estado en las demás generadoras y las distribuidoras.
El proceso en su génesis fue bueno, si lo vemos desde la perspectiva del ahorro para el Estado, pero fue desvirtuado en lo esencial, al asignar a las distribuidoras el papel de balones en la cancha pública, que pasaron del Estado al sector privado, volvieron al Estado, y ahora posiblemente regresen a ser administradas por particulares.
Es lo que prima en la lógica empresarial del licenciado Celso Marranzini, y parece que esa lógica cuajará, pues también es del agrado de algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.
Poner gerentes privados en las distribuidoras no sería nada nuevo, pues en su origen dichas empresas estuvieron dirigidas por ejecutivos privados—para colmo extranjeros—que ganaban un dineral con resultados financieros muy cuestionables.
Pero ya muchos años antes se había incurrido en un experimento similar, cuando en los albores del Gobierno del presidente Antonio Guzmán en 1978, fueron designados numerosos empresarios privados como administradores en unidades de la entonces todopoderosa Corporación de Empresas Estatales (Corde), heredera del patrimonio corporativo del dictador Rafael L. Trujillo que fue pasado al dominio público.
¿Qué resultado obtuvieron esos administradores privados como gerentes de las empresas de Corde? Un fracaso absoluto. De modo que, como experiencia, esa fue bastante negativa.
¿Y qué decir de los socios estratégicos del Estado en la capitalización de la parte comercial del negocio eléctrico? Otro fracaso, sin decir que en algunos casos fue más bien es atraco.
La pregunta obligada es: ¿incurriremos nuevamente en la experiencia negativa del presidente Guzmán, del negocio de capar perros con Unión Fenosa o el fiasco de los administradores sudamericanos, caros e ineficientes? Con los pies se camina, pero también se tropieza.
